Femicidios en Argentina: entre la conciencia y la urgencia de un sistema que proteja vidas: Por qué la memoria del pasado no puede ser excusa para abandonar el presente

Una historia que se repite

Mariana tenía 32 años y había denunciado tres veces a su expareja. Tenía botón antipánico, pero el agresor sabía bien dónde vivía, conocía sus horarios y conocía también la lentitud del sistema. Una madrugada, lo encontró en la puerta de su casa. El final se repite en los titulares: femicidio.

No fue un caso aislado. En 2024 hubo 247 víctimas letales de violencia de género en Argentina, lo que equivale a una mujer asesinada cada 39 horas. Detrás de cada número hay una historia de vida truncada, hijos que quedan huérfanos, familias destruidas y comunidades golpeadas.

La pregunta incómoda es: ¿cómo puede ser que después de diez años de marchas, de campañas y de leyes, todavía no logremos frenar esta tragedia?

La paradoja argentina

En 2015, el grito de Ni Una Menos sacudió a la Argentina y marcó un antes y un después. Nunca se habló tanto de femicidios, nunca hubo tanta conciencia social. Pero los números se mantienen casi inmóviles: entre 230 y 270 femicidios por año.

La concientización fue un salto histórico, pero la conciencia no alcanza si el Estado no actúa con eficacia. Los datos son claros: en 2024, solo el 12% de las víctimas había denunciado previamente. Y entre las que sí lo hicieron, muchas ya tenían medidas judiciales vigentes. Eso significa que el sistema sabía… pero no supo protegerlas.

La minoría de alto riesgo

La criminología lo dice desde hace años: no todos los agresores son iguales. La mayoría puede responder a tratamientos, a programas educativos, a medidas alternativas. Pero existe una minoría persistente, entre 1% y 5% de la población general y hasta 25% en cárceles, que concentra los casos más graves.

Son los ofensores que reinciden, que violan las restricciones, que amenazan con matar y cumplen. No sienten culpa ni remordimiento, y son muy resistentes a las intervenciones comunes. Si no los identificamos y tratamos como lo que son —un riesgo extremo—, el sistema vuelve a soltar bombas de tiempo a la calle.

En Argentina, esa diferenciación casi no existe. Y esa es la grieta en la que se pierden vidas.

El tabú de hablar de cárceles

¿Por qué no se hace lo que parece obvio? Porque en Argentina, hablar de cárceles es hablar de dictadura. La memoria del terrorismo de Estado convirtió al sistema penitenciario en un símbolo negativo. Invertir en cárceles todavía se percibe como “mano dura” o como complicidad con un pasado represivo.

Ese tabú tuvo un efecto devastador: las cárceles se deterioraron, se llenaron de hacinamiento, de violencia, de falta de programas. Y entonces se transformaron en lo contrario de lo que deberían ser: en vez de reducir riesgos, los multiplican.

El problema es que en medio de esa discusión histórica y política, las víctimas siguen cayendo. Cada femicidio que ocurre después de denuncias previas es una doble derrota: el Estado sabía quién era el agresor, pero no tenía dónde ni cómo neutralizarlo.

Mirando afuera: lo que funciona

No hace falta inventar todo de cero. Otros países enfrentaron el mismo problema y lograron avances.

• España creó el sistema VioGén, una plataforma que integra todas las denuncias y evalúa el riesgo de cada caso con un semáforo (verde, amarillo, rojo). Según el nivel, activa medidas más o menos intensas: custodia policial, botones antipánico, dispositivos electrónicos. Cuando funciona bien, salva vidas.

• Canadá desarrolló el modelo Riesgo–Necesidad–Responsividad (RNR). La idea es simple: no gastar los mismos recursos en todos. Los ofensores de bajo riesgo reciben intervenciones leves, los de alto riesgo intervenciones intensivas. Es justo y es eficaz: se demostró que reduce la reincidencia.

• Chile implementó unidades especializadas de control de medidas, equipos que se dedican exclusivamente a verificar que se cumplan las restricciones judiciales. No son los jueces, no son las comisarías saturadas: son equipos focalizados. Y eso marca la diferencia.

¿Podría Argentina adaptarlo? Sí. Pero exige decisión política, inversión y un cambio cultural: dejar de ver la cárcel solo como símbolo del pasado y empezar a verla como lo que debería ser: una herramienta para proteger la vida en democracia.

Diez pasos concretos para empezar

1. Evaluación de riesgo obligatoria en todo expediente de violencia de género, con herramientas estandarizadas.

2. Plataforma única federal y provincial para unificar denuncias y medidas con alertas automáticas.

3. Clasificación penitenciaria por riesgo: separar a los agresores de alto riesgo de los de bajo riesgo.

4. Programas específicos intramuros para violencia de género y adicciones, con cupos asegurados.

5. Seguimiento pospenitenciario obligatorio para alto riesgo: visitas, test de control, dispositivos electrónicos.

6. Equipos provinciales de “Control de Medidas” dedicados exclusivamente a verificar restricciones.

7. Fondo nacional con auditoría externa para mejorar infraestructura mínima y monitoreo tecnológico.

8. Protocolos de urgencia para actuar en 24–72 horas cuando hay escalada rápida.

9. Indicadores públicos trimestrales de reincidencia, cumplimiento y respuesta por jurisdicción.

10. Participación de organismos de DDHH como veedores para garantizar transparencia y evitar abusos.

Una hoja de ruta posible

No se trata de sueños imposibles. En 24 meses se podrían dar pasos reales:

• En los primeros 3 meses: una norma nacional que obligue a evaluar riesgo y a interoperar datos, con provincias piloto.

• Entre los 4 y 9 meses: plataforma unificada, capacitación, equipos de control de medidas.

• Entre los 10 y 15 meses: clasificación penitenciaria piloto, programas intramuros y dispositivos electrónicos.

• Entre los 16 y 24 meses: expansión nacional, publicación de indicadores y auditorías externas.

Preguntas incómodas (y respuestas claras)

¿Invertir en cárceles es punitivismo?

No. Es ordenar, clasificar y tratar con estándares democráticos. Es salvar vidas.

¿La minoría de alto riesgo es irrecuperable?

No hablamos de “irrecuperables”. Hablamos de casos que necesitan dispositivos más intensos y prolongados.

¿Sirven las tobilleras y botones?

Sí, si funcionan bien y se monitorean. Pero requieren mantenimiento, protocolos claros y personal entrenado.

¿Qué pasa con quienes sí pueden cambiar?

Para la mayoría funcionan medidas alternativas y apoyos comunitarios. Justamente por eso hay que concentrar los recursos más intensos en el núcleo de alto riesgo.

El cierre: memoria y presente

La Argentina tiene un patrimonio histórico invaluable: el Nunca Más. Esa memoria es una brújula. Pero no puede ser excusa para abandonar el presente.

Hablar de cárceles con transparencia, perspectiva de género y controles civiles no traiciona la memoria: la honra.

Cada mujer asesinada después de haber denunciado es una derrota que podríamos haber evitado. No se trata de elegir entre derechos humanos y seguridad: se trata de tener el coraje de construir un sistema que combine ambos.

El camino no es fácil, pero es claro. Y depende de nosotros exigirlo.

Fuentes

• Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 2024 (Corte Suprema).

• Chequeado – “En 2024 hubo 1 femicidio cada 39 horas”.

• Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” – informes 2025.

• Defensor del Pueblo de la Nación – Observatorio de Femicidios 2025.

• SNEEP 2023 – Estadísticas penitenciarias argentinas.

• Sistema VioGén (Ministerio del Interior, España).

• Modelo Riesgo–Necesidad–Responsividad (Andrews & Bonta; Canadá).

• Guía SARA (Spousal Assault Risk Assessment).